El antiguo socio trata de salpicar de basura a la Corona

El ex socio de Urdangarín vincula a miembros de la Casa del Rey con el control de Nóos

Palma de Mallorca.- La declaración del ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha explicado ante el juez el funcionamiento de la Fundación Nóos y ha asegurado que tanto la infanta Cristina como el asesor de esta, Carlos García Revenga, tenían un papel de control en la institución.
Torres no se ha cebado especialmente en la implicación de ambos, según las fuentes consultadas, pero sí ha sido explícito y meticuloso a la hora de explicar el funcionamiento de la fundación.
Ha declarado que ambos eran miembros de la junta directiva de la entidad, con un papel tan activo como el del resto de integrantes. Además, ha asegurado que José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, les requirió para que "cubrieran las apariencias" sobre el papel de Urdangarín.
Torres ha declarado durante más de dos horas ante el juez Castro, en Palma, donde se instruye el caso Nóos, en el que ambos está imputados por supuesta corrupción con caudales públicos. Torres ha hecho entrega al juez Castro de un sobre con nueva documentación que, según las fuentes consultadas, no contenía información "trascendental".
El antiguo profesor en la escuela de negocios ESADE de Urdangarin ha desvelado la celebración, en 2004, de una reunión en el Palacio de la Zarzuela a la que asistió él mismo, el duque de Palma, el entonces presiente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Las administraciones valencianas contrataron varios eventos con el duque y, en aquella ocasión, se negoció la celebración del celebración del foro deportivo Valencia Summit.
Además, Diego Torres ha sido preguntado por 960.000 euros localizados en una cuenta en Suiza, ante lo que ha contestado que responden a negocios anteriores.
Hoy, el caso entra en la recta final de la instrucción, abierta en julio de 2010. El ex socio del duque de Palma, con quien se asoció a través del instituto Nóos, está siendo ya interrogado después de que su esposa, Ana Maria Tejeiro, haya pedido declarar tras su marido y no antes.
Las calles de alrededor de los juzgados han amanecido cortadas. Hay interferencias con los teléfono móviles alrededor de los juzgados de Palma, que están blindados por la policía. El esposo de la infanta será interrogado el próximo sábado día 23.
La entidad Nóos, que se declaraba sin ánimo de lucro, altruista, captó contratos por más de diez millones de euros de la mano de Urdangarin y Torres. Sus clientes principales fueron las administraciones de Baleares y Valencia y, en menor medida, de Madrid y Barcelona. Además obtuvo acuerdos de asesoría con grandes empresas privadas, aunque ningún empresario privado ha denunciado su caso.
El juez sostiene que “ilícitamente” los dos socios “se desentienden de las reglas que rigen la contratación pública con tal de conseguir su objetivo, que no es otro que el de desviar fondos públicos en beneficio propio o ajeno”. Por ello les impuso una fianza civil de 8,1 millones, solidaria, para garantizar que, en el caso de ser condenados puedan reponer el daño causado a las arcas públicas. El juez Castro lanza un reproche a las administraciones por su falta de control y esmero en la gestión del dinero de los ciudadanos.
Urdangarin y Torres están imputados por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, prevaricación, delito fiscal y posible blanqueo de capitales. El yerno del Rey carga con una acusación concreta por tres delitos fiscales (dos por dos ejercicios del IRPF y otro por el impuesto de sociedades) y Torres está implicado en un supuesto delito fiscal por las declaraciones societarias. Los fraudes fiscales han sido documentados por la Agencia Tributaria en las última semanas y son el motivo de la nueva cita judicial.
La esposa de Torres y también gestora en Nóos, Ana María Tejeiro, está imputada y este sábado debe declarar también. Están imputados –entre otros muchos excargos públicos y profesionales- los hermanos de Ana María Tejeiro, Miguel y Marco, así como el secretario de las infantas, Carlos García Revenga –que fue tesorero del Instituto Nóos- citado para el día 23 de febrero, en la misma jornada que el duque de Palma. La trama de una docena de sociedades y fundaciones desplegada desde Nóos se usó, según el juez, para "derivar los fondos ilícitamente obtenidos hacia las sociedades de su entorno".
Urdangarin, con Torres, cerró acuerdos para preparar grandes eventos deportivos gracias a sus relaciones directas con el Gobierno de Baleares de Jaume Matas quien le contrató por 2,3 millones para dos Forum IB y, al margen, el patrocinio el equipo ciclista Illes Balears Banesto. Con la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia regido por  Rita Barberá, el tándem logró cerrar acuerdos por 3,5 millones por tres ediciones de los Valencia Summit y los nunca disputados Juegos Europeos. Además existen los pagos de 144.000 euros de Madrid 16 del Ayuntamiento en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón y otras partidas menores de entidades catalanas.
Torres y Urdangarin rompieron sus relaciones por cuestiones económicas aún antes del estallido público del escándalo. Están enfrentados pese a que cargan idénticas acusaciones en la misma causa. En los últimos meses, a través de los escritos presentados ante el juez por el abogado de Torres, ha existido una posición combativa del antiguo profesor con el duque de Palma.
Urdangarin, al declarar por primera y única vez ante el juez, en febrero de 2012, derivó en Torres toda la responsabilidad en la gestión económica y el día a día de Nóos y reclamó para sí un mero rol en las relaciones institucionales y los contactos comerciales.
Torres afirma, por el contrario, que él no conocía a ninguna de las autoridades y “quien siempre disponía, decidía y ordenaba (...) era Urdangarin”. El abogado del ex socio del duque, Manuel González Peeters, libró al juez, en tres remesas, correos electrónicos internos de Nóos, no intervenidos en su día por la policía, en los que se intenta negar las tesis de la defensa del yerno del Rey, además de evidenciar la continuidad en la gestión del duque y desvelar correos con detalles personales.
Por el contenido de uno de esos correos quedó implicado el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, al reseñarse su rol de "controlador" de la actividad de Urdangarin desde Nóos. Otros correos, anecdóticos para la causa, divulgaron la participación de la amiga íntima del rey, la princesa Corinna, en un Valencia Summit, invitada por Nóos.
El ex profesor del esposo de la infanta Cristina ejerció de esa forma presión exterior sobre la Casa del Rey, supuestamente para intentar forzar un acuerdo de defensa con el duque de Palma. Entre representantes de ambos imputados sí han existido durante meses posibles puentes y vías de negociación.
Los dos antiguos aliados comerciales de Nóos sondearon lograr un posible acuerdo de conformidad con la fiscalía, con el abono de la partida de fondos públicos cuyo desvío se dirime. Nada cuajó. Las relaciones personales están rotas y, hasta ahora, no ha habido coordinación de las dos defensas penales
En julio de 2011 Torres declaró ante el juez en los primeros compases de la causa pero se negó a hacerlo en otras dos ocasiones: en febrero de 2012 -cuando acudió Urdangarin- y posteriormente en mayo del año pasado, al evitar la comparecencia judicial pese a haberla solicitado.
Diego Torres sostiene que todos los eventos se celebraron, de acuerdo con los convenios y compromisos cerrados y resalta que las administraciones contratantes no reclamaron. Indica que no existió delito alguno. El juez constata, por el contrario, que existió “utilización fraudulenta y deliberadamente de la figura del convenio para eludir la aplicación de la Ley de contratos del sector público”. Así Torres y Urdangarin se beneficiaron de decisiones arbitrarias, adoptadas en "un ejercicio abusivo de poder, cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada entidad, al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública”.

La salud del Rey es de nuevo noticia

Empeora el estado de una antigua hernia discal en la columna del rey

El Palacio de la Zarzuela comunica el diagnóstico tras el reconocimiento médico anual al monarca

El reconocimiento médico anual al que se somete el rey ha desvelado que se le ha agudizado una antigua hernia discal en la zona de la columna lumbo-sacra, cuyo estado se está "estudiando para determinar su tratamiento más adecuado", ha anunciado el Palacio de la Zarzuela.
Al margen de este aspecto, la última visita al 'taller' del monarca (tal y como él denominó a sus visitas médicas ante los líderes iberoamericanos en la pasada Cumbre de Cádiz) ha arrojado resultados que se consideran "satisfactorios", detalla la Casa del Rey en un escueto comunicado publicado en su web y que firma el jefe del servicio médico de la Casa, Miguel Fernández Tapia-Ruano.
El reconocimiento ha consistido en la realización de pruebas y exploraciones por diferentes especialistas, como en años anteriores, entre los días 9 y 15 de febrero en las clínicas Quirón y San José, de Madrid.
El Monarca aún padece algunas secuelas de la última operación de cadera a la que fue sometido el pasado 23 de noviembre, ya que se sigue ayudando de muletas en sus comparecencias públicas. El rey recibió el alta hospitalaria de esa operación el día 2 de diciembre tras completar de forma "muy satisfactoria" la primera fase de rehabilitación y conseguir "prácticamente plena autonomía para los movimientos cotidianos". Así lo aseguraba el parte médico leído ese día por el traumatólogo Ángel Villamor, que dirigió la operación en la cadera izquierda del Rey.
La operación del mes de noviembre fue la undécima a la que se sometió a lo largo de su vida y la tercera en la cadera, ya que en abril se le implantó una prótesis tras la fractura que sufrió como consecuencia de una caída en su viaje privado a Botsuana y después fue intervenido de nuevo para solucionar una luxación.
El Rey tiene previsto realizar del 3 al 5 de marzo su primer viaje al extranjero tras su última operación. En concreto, Don Juan Carlos prevé desplazarse a Marruecos invitado por el rey Mohamed VI.

Merece una reposada lectura esta llamada de atención

La maquinaria del poder financiero, en marcha para derrocar a Rajoy

13 febrero 2013

Andrés González – ATTAC Acordem

El peligro de convertirnos en cómplices de un nuevo ataque de los poderes financieros a la democracia es elevado. Lo estamos viviendo estos días con el asunto Bárcenas y compañía. Creo que pensar que Esperanza Aguirre está detrás de todo esto es demasiado simplista además de previsible. El derrocamiento de gobiernos por parte de los oligopolios financieros internacionales no es nuevo en la historia reciente de Europa. Primero fue Grecia, un país en el que el Primer Ministro Yorgos Papandreu se atrevió a decir que iba a convocar un referéndum sobre el “plan de rescate” para consultar a los ciudadanos. El enfado de las élites financieras (verbalizadas por sus adeptos Merkel y Sarkozy) provocó su dimisión. El nuevo Primer Ministro Lukás Papadimos – al que Papandreu rechazó como Ministro de Finanzas en su gobierno –, había sido vicepresidente del Banco Central Europeo desde 2002 hasta 2008. Un “tecnócrata”, nos empezaron a decir por entonces, palabreja que escupe el lenguaje neoliberal lleno de ese veneno que adormece, pero no mata: la anestesia[1]. Tras 7 meses en el gobierno y finalmente dos convocatorias electorales en el plazo de un mes (plagadas de insultos y ultrajes desde fuera de Grecia contra Syriza, la alianza de izquierdas contraria a los dictados de la troika[2]), actualmente gobierna una coalición con Andoni Samarás a la cabeza, un fervoroso creyente en los dogmas de austeridad, la consolidación fiscal y las privatizaciones[3].

En Italia tuvieron que derrotar al ególatra Silvio Berlusconi, personaje poco colaborador con la troika que miraba únicamente por sus propios intereses (ni siquiera se preocupaba por los de los italianos). La historia de cómo acabaron con él es conocida. Pusieron a Mario Monti, otro “tecnócrata” al que el pueblo italiano no había votado (había sido asesor de Goldman Sachs durante el periodo en que esta compañía ayudó a ocultar el déficit del gobierno griego).

Monti compagina su cargo de Primer Ministro con el de Ministro de Economía para tener el control absoluto de la economía italiana, sin intermediarios. Ahora quiere seguir gobernando sin presentarse a las elecciones. Otra pirueta más.

En España parece que las últimas declaraciones de Rajoy pidiendo políticas de crecimiento no han sentado bien a determinados sectores financieros (aunque seguramente haya también otros motivos), pero el caso es que han decidido que el método para hacer saltar al gobierno sean sus prácticas corruptas, la forma más fácil de contar con el apoyo de la mayoría de la sociedad española. La corrupción no se tolera en ningún rincón de la sociedad, ni siquiera entre sus votantes.

Rajoy ya no tiene nada que hacer, la artillería está siendo muy pesada, la voladura controlada del gobierno del PP ha empezado y no tardará mucho en caer. Su sentencia de muerte política está firmada. Dice Carlos Martínez en un excelente artículo que “es muy bueno que salgamos a la calle diciendo chorizos fuera y que esta crisis es una estafa, pero también que sepamos qué se cuece en las esferas gatopardianas del poder real. De los que, más allá de partidos, manejan el estado. Debemos intuirlo para actuar en consecuencia.  […] Los oligarcas desean más contundencia, más “reformas” y una concentración mayor de poder”[4]. Estoy totalmente de acuerdo con él, también en que sorprende que Rubalcaba pidiera ayer la dimisión de Rajoy pero no la convocatoria de elecciones. Pide un cambio de Presidente sin elecciones. Hay que adivinar a quién quieren poner de recambio. Las experiencias de Grecia e Italia nos pueden poner sobre la pista: un “tecnócrata” de fuertes vinculaciones con las altas esferas del poder financiero que además esté limpio de corrupción para que la jugada no se les vuelva en su contra.

Si miramos los nombres que NO aparecen en los papeles de Bárcenas y que no pueden aparecer en el futuro por su vinculación más o menos reciente con el PP, nos encontramos con dos figuras que podrían ocupar la plaza (pensando siempre que el recambio vendrá desde dentro del actual gobierno).

La primera es Soraya Sáez de Santamaría. Es buena en el cuerpo a cuerpo pero demasiado joven y no tiene ni curriculum ni experiencia en el sector financiero. El perfil de Luis de Guindos parece más adecuado. Es una torre bien situada en el centro del tablero. Trabajó como presidente ejecutivo en Lehman Brothers, como responsable financiero en PriceWaterhouseCoopers y como consejero del Banco Mare Nostrum[5][6]. De Guindos además está fuera de toda sospecha de corrupción, no sale en los papeles de Bárcenas (ni saldrá), no está afiliado al PP (es un “tecnócrata”) y puede hablar con cualquiera sin intérpretes: sabe inglés.

El peligro el que nos enfrentamos es que seamos cómplices de un derrocamiento con fines opuestos al interés general de la sociedad. Están usando la corrupción para dirigir la furia popular contra un partido y un sistema para así conseguir sus objetivos, no los nuestros. Rajoy debe marcharse, pero la lucha por el poder político seguirá y ellos ya tienen su hoja de ruta. No podemos permitir que nos lleven a una alianza entre PP y PSOE dirigida por las élites financieras, coalición que ya cambió la Constitución para poner a nuestra democracia a su servicio. Estos dos partidos sólo quieren su parte del pastel, no el interés general.

La izquierda se encuentra actualmente intentando recomponerse con mesas de convergencia, cumbres, movimientos sociales y otras iniciativas. Pero no hay que olvidar que esta no es una guerra entre izquierdas y derechas, sino de los de arriba contra los de abajo. La derecha crítica (que sí, existe) está totalmente desconcertada, corretean también como pollo sin cabeza.

La unión debe ser del pueblo contra los poderes financieros, que tienen a los políticos como fieles servidores y conseguidores de sus intereses. El frente común debe incluir a la derecha también crítica con un sistema que nos considera, a toda la ciudadanía (unos somos más progresistas y otros más conservadores), mercancía en manos de políticos y banqueros.

[1] “No nos lo creemos. Una lectura crítica del lenguaje neoliberal“. Clara Valverde. Ed. Icaria&Asaco. Año 2013
[2] Diario Público. “Merkel trata de influir en las elecciones griegas hasta el final”. 16 de junio de 2012
[3] CIDOB. Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona.
[4] portuarioenexcedencia. “Algo muy grave está pasando”. Carlos Martínez. 2 de febrero de 2013.
[5] Wikipedia. Luis de Guindos
[6] Diario 20 minutos. “Los trece nombres que forman el nuevo Gobierno de Rajoy”. 21 de diciembre de 2011.

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

 ATTAC es un movimiento independiente que se autofinancia y se propone llevar a cabo una triple tarea: 1.- educación popular,  2.- influir democráticamente con sus aportaciones en los movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales y  3.- movilización social.

Dando ejemplo de pluralismo a los sectarios

Despedidos de Telemadrid crean TmEx.es, nueva Tv "para todos los madrileños"

M. Á. M. Diariocrítico 15/02/2013
Han sido trabajadores de Telemadrid hasta hace algo más de un mes; ahora son desempleados que no han estado parados desde que tuvieron conocimiento del Expediente de Regulación de Empleo que ha acabado con 826 puestos de trabajo de la Radio Televisión Pública Madrileña: han creado una nueva TV que será presentada el próximo 21 de febrero.
Decidieron rebelarse ante lo que consideran una "injusticia", y se ha rebelado haciendo lo que mejor saben: televisión. Desde diciembre de 2012 han estado junto a los madrileños, con sus cámaras, con equipos propios, han salido a la calle para preguntarles. Ahora sus voces podrán ser escuchadas a través de una nueva plataforma de comunicación.
Han creado TmEx, de la que dicen que será "la televisión de todos" que apuesta por la calidad: "En tiempos en los que la inmediatez se impone como única exigencia en la mayoría de medios audiovisuales, los profesionales de TmEx además apostarán por un producto único, cuidado, preciosamente elaborado y en el que nada se deje al azar", dicen.
En ese nuevo medio creado no hay jerarquías: "Somos un grupo de profesionales bien organizados que, de forma cooperativa y solidaria intercambiamos nuestro trabajo y nuestra experiencia para mejorar el producto final", afirman.
Dicen aspirar a devolver la televisión pública al ciudadano de la Comunidad de Madrid, pero sin ser un medio de comunicación público. Y afirman taxativamente que "ningún organismo, institución, grupo empresarial, sindicato o partido político nos representa ni nos ordena cómo debemos hacer nuestro trabajo. Debemos su voz al ciudadano, que ha sido durante años el primer gran olvidado por las instituciones de la región, comenzando por la que se sigue haciendo llamar su RadioTelevisión Pública".
La nueva TV madrileña será presentada el jueves, 21 de febrero, a las 10.30 horas en la Sala Azul de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Al término de la rueda de prensa, los organizadores acudirán, junto con el resto de compañeros afectados por el ERE de Telemadrid a la concentración que cada jueves, a las 12:00 celebran ante la sede del gobierno regional de la Puerta del Sol.
Puede conocerles en: http://www.tmex.es/

Humor y humores

La política parece una crónica de sucesos

LA CALLE ROMPE LAS COSTURAS DEL SISTEMA

Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados con ocasión del debate sobre la iniciativa popular sobre los desahucios, avalada por casi un millón y medio de firmas, no debe liquidarse con la anécdota de una orden de expulsión de la tribuna de invitados a unos jóvenes airados…que acababan de conseguir una revolucionaria victoria política. El presidente del Congreso defendió las formas, pero tanto él como la mayoría de los diputados presentes, tanto los que callaban como los que aplaudían o protestaban eran conscientes de que se había abierto una nueva era parlamentaria. Porque no había sido el dialogo interpartidario, las habituales conversaciones entre los líderes de las distintas formaciones, lo que había obligado al Partido Popular a sorprender con el decaimiento de su postura y renunciar al rodillo mayoritario. Había sido la voz de la calle, el ruido que llegaba desde la Carrera de San Jerónimo, y el impacto de las últimas noticias sobre suicidios, lo que alertó de las consecuencias de un empecinamiento, y de la necesidad de abrir una válvula de escape a imparable irritación social.

Quienes creemos en la virtualidad de un sistema democrático representativo, apoyado en formaciones políticas que se miden en las urnas en torno a programas que deben examinar los ciudadanos antes de otorgar su voto y delegar su soberanía, no podemos dejar de analizar este acontecimiento e intentar extraer enseñanzas positivas. Todavía creemos que la fiebre es un síntoma de la enfermedad en un cuerpo vivo y que su presencia pone en la pista para aplicar terapias que impidan la muerte. Siguiendo con el símil, es mucho más recomendable prevenir que curar; y prevenir, en política, es tomar cotidianamente el pulso a la calle, detectar qué es lo que realmente está asfixiando al conjunto de los españoles, que, día a día, pierden su trabajo, sus coberturas sociales, sus ahorros…y sus hogares.
La corrupción agrava el malestar, porque hace insoportable la aceptación de cualquier receta de austeridad cuando quien la firma realiza una declaración de bienes en la que refleja, como el propio presidente del Gobierno, que se subía el sueldo escandalosamente mientras predicaba la contención salarial. Los despedidos con arreglo a la reforma laboral se indignan con la “doctrina Floriano” aplicada al caso Sepúlveda. Y es el ruido de la calle, el clamor popular, lo que de nuevo hace que se produzca una rectificación, aunque, por la falta de credibilidad de los políticos, la gente dé por hecho que ya se encontrará alguna forma de compensación. Porque hay antecedentes. El que no llega a fin de mes, echa cuentas de la facilidad y la impudicia con la que entregaron miles y miles de euros a Iñaki Urdangarín a cambio de humo. Otro día descubre que el tal Bárcenas, por si fuera poco contar con millones de euros en Suiza, recibe una indemnización fragmentada y le pagan la cuota de la Seguridad Social como consecuencia de un expediente oscuro y retiradamente negado. Y entonces se pegunta por qué a él, que ha perdido su trabajo a cambio de un puñado de euros y la promesa de cuatrocientos cuando se le acabe el paro, le vigilan tanto cuando hace una chapuza para sobrevivir.
De eso es de lo que se habla en la calle. La política no se escribe ya con mayúsculas ni se debaten lo grandes conceptos. La política se parece más a una crónica de sucesos y sus protagonistas compiten -véase el caso de la Infanta o de la ministra Mato- con las andanzas de una tonadillera. Algunos no entenderíamos que la dimisión de Rajoy no se produjera por el incumplimiento reconocido de su programa electoral y el fracaso de su política, sino por su empeño en no romper un posible pacto de silencio con Bárcenas. O que la deseada caída de Ana Mato fuese fruto de unos confetis y no del hundimiento de la Sanidad. Pero en la calle, donde se persigue a los corruptos con cartelones, se ha descubierto que ese es el punto de debilidad. Corresponde a los políticos de talla, no a los maniobreros ni a los instalados en la rutina, interpretar los movimientos sociales y defender la democracia. Nada menos.

Eduardo Sotillos

En plena oleada de suicidios, un escandaloso desahucio

El Sabadell desahucia a una persona por una deuda de… 320 euros

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), junto con los Padrins i Padrines Flautes y algunos viandantes que les han seguido tras escuchar el discurso que han hecho en Plaza España, se han concentrado este jueves frente a una oficina del Banco Sabadell para denunciar la ejecución hipotecaria que esta entidad ha comunicado a Francisco Murillo, al que quieren desahuciar por un "supuesto impago" de 320 euros.
El abogado Carlos Hernández, que colabora con la PAH, ha tildado esta ejecución hipotecaria de "absoluto escándalo", ya que según ha explicado, proviene de dos supuestos impagos de 160 euros, a pesar de que Murillo ha hecho ingresos de 300 euros cada mes, un dinero que el banco ha destinado a la tarjeta en lugar de a la cuota hipotecaria.    En opinión de Hernández, la ejecución es "digna de entrar en el museo de los horrores", ya que ha asegurado que en los 15 años que lleva representando a personas con problemas con entidades financieras "jamás se había encontrado con algo similar", por lo que ha denominado "criminales" a los responsables y les ha dicho que, "en el caso de que se ofendan", consulten en la Real Academia Española (RAE) la definición de esta palabra.
   Este letrado ha acusado al representante de la Asociación Española de la Banca, Javier Rodríguez, de mentir respecto a que quedarse con las viviendas es lo último que quieren los bancos, así como al decir que intentan negociar, ya que "a Francisco en ningún momento le han ofrecido una negociación".
   Murillo está casado con una mujer que padece una minusvalía del 38%, ambos están en paro, no tienen más familiares en Mallorca y reciben 426 euros al mes, por lo que según ha detallado Hernández, no pueden acogerse al "decreto antidesahucios" del ministro de Economía, Luis de Guindos, porque esta normativa exige que la cuota a pagar sea superior al 60% de los ingresos, de forma que para ser amparados por el decreto, deberían tener una hipoteca de 640 euros mensuales.
   "Como ganan 426 euros son unos afortunados y no pueden acogerse, es una vergüenza", ha lamentado el letrado, que ha tildado la ley de criminal, ha llamado "criminales" a los representantes de la banca, "que ejecutan cada día más y por menos tiempo, con condiciones leoninas para la renegociación de las operaciones y que solo están alargando una soga que llegará dentro de dos años", ha sentenciado.
   Por ello, Hernández presentará el próximo viernes un escrito de oposición en el que aportará los documentos que acreditan que Murillo ha pagado y, según ha especificado, después de esta alegación, se realizará una vista judicial "al no ser que alguien que esté mínimamente cuerdo decida retirar esta ejecución, que es lo que se espera de personas que no son criminales".
   El letrado ha apuntado que su cliente se quedará con la casa, "aunque tengan que poner el dinero", pero ha afirmado que el Código Civil establece que la entidad debería haber priorizado la deuda más importante y, por ende, haber destinado los 300 euros al pago de la hipoteca en lugar de al de la tarjeta, por lo que espera que el desahucio no llegue a producirse. 
   Por su parte, Franciso Murrillo ha explicado a los medios que recibió un requerimiento de más de 29.000 euros que debía abonar en un mes, a pesar de que ingresaba 300 euros mensuales en su entidad bancaria, por lo que acudió a la PAH para informarse, al considerar que era injusto.
   La portavoz de la PAH, Angela Pons, ha destacado que la noticia no es esta concentración, sino en que el banco "engaña y estafa", y le ha pedido a los ciudadanos que "cada vez que vean Obra Social "la Caixa" piensen en el matrimonio que se suicidó el pasado martes después de que esta entidad les informara de que iban a ser desahuciados".
   A su vez, un miembro de los Padrins i Padrines Flautes, Domingo Morales, ha informado de que se celebrará una manifestación, el próximo sábado a las 18.00 horas en la "plaza Islandia" -en referencia al cambio de nombre que realizó el 15M a la plaza España- para apoyar a la PAH y para protestar contra los recientes casos de corrupción política, así como por "los asesinatos que denominan suicidios". 
   Morales, que ha lanzado consignas contra el PP, la corrupción y los desahucios, ha opinado que si el Gobierno de España rebajara un 5% el presupuesto de Defensa, obligara a la Iglesia a pagar el IBI o evitara el fraude fiscal "que en España asciende a 93 millones de euros", se evitarían los recortes en Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
   "El PP gobierna para una minoría y explota a la gran mayoría", ha manifestado este miembro de Padrines i Padrins Flautes, que ha afirmado que "la indefensión es una realidad, la de la política de los restos del franquismo" mientras algunos viandantes se detenían para escucharle y aplaudirle.
   "Esto es una monarquía bananera", ha lamentado Morales, mientras que el portavoz de esta plataforma, Biel Huguet, ha dicho que ya "protestan contra todo", porque cada día ven "un desbarajuste más grande", una afirmación que ha ejemplificado con el hecho de que el PP haya pagado a su extesorero, Luis Bárcenas, hasta diciembre, por lo que ha advertido a los populares de que, "si quieren que los ciudadanos cumplan la ley, deberían ser capaces de cumplirla ellos".

La visión de Josep Borrell

Regeneración

 

Josep Borrell
Es la palabra de moda. De repente ha surgido una demanda de regeneración, o de regeneración democrática por más señas, que se refleja omnipresente en los medios de comunicación, los movimientos y redes sociales y en las declaraciones políticas.
La piden desde las voces desgarradas por el dolor vivido, como la de la representante del movimiento contra los desahucios llamada a testimoniar en las Cortes, a la de los intelectuales de la izquierda no partidista, como J. M. Caballero Bonald, reciente premio Cervantes, que nos dice que es “ineluctable acometer la regeneración de España”. Hasta el PP se apunta a la tarea. Aznar recuerda que su partido siempre ha estado en la punta de lanza de la regeneración y que debe seguir estándolo. Suena un poco sarcástico cuando su tesorero escondía en Suiza los 22 millones amasados mientras el PP trabajaba por esa regeneración.En realidad la bandera de la regeneración se esgrime desde dentro del PP como instrumento en la lucha interna que se ha desatado a cuenta de los Gürtel, los Bárcenas y los presuntos sobres. Pero por unas razones o por otras, con mayor o menor credibilidad, en casi todos los partidos se alzan voces pidiendo regenerar la democracia. Señal de que se debe haber degenerado y que la crisis que sufre la sociedad española lo pone más de relieve y lo hace más insoportable.
En efecto, la conjunción de la proliferación de casos de disfuncionamiento del sistema político y la grave situación de necesidad de buena parte de la sociedad constituyen un cocktail explosivo que puede amenazar la estabilidad del sistema democrático. Es importante que nos demos cuenta y le pongamos remedio. Un panorama social desbastado por el paro y los desahucios, con centenares de miles de pisos vacíos, cajas quebradas y una juventud sin horizonte se agrava por la multitud de casos de comportamiento irregular e enriquecimiento ilícito, sin que los responsables sean sancionados por la justicia o por lo menos dimitan de sus responsabilidades.
Indignación, desesperanza y temor son los tres ingredientes de una mezcla letal que desgasta la fábrica social. Y el desgaste afecta a toda la estructura institucional, desde la Casa Real a los municipios, pasando por el poder judicial y los partidos políticos. Es tremendo que las encuestas nos digan que el 95 % de los ciudadanos desconfían de los partidos políticos y de las instituciones democráticas. Y aunque sea tremendamente injusto generalizar y poner a todo el mundo en el mismo saco, son ya demasiados los casos que se conocen como para no justificar esa desconfianza. Y la democracia, como la moneda, es un sistema que se basa en la confianza. No puede funcionar si esta se pierde.
Los partidos políticos son una pieza clave de la democracia. Podemos criticarlos pero necesitamos alguna forma de canalizar la participación política que sea más eficiente que la asamblea permanente. Pero hay que reconocer que su funcionamiento es manifiestamente mejorable desde la misma exigencia constitucional de democracia interna y desde la asunción de responsabilidad de sus dirigentes. La cosa tiene remedio, se sabe cuáles son y habría que aplicarlos pronto. Por supuesto cambiando la Ley Electoral y acabando con el sistema de listas cerradas y bloqueadas que rompen la relación entre representante y elegido y dan todo el poder a las cúpulas de los partidos. Se ha dicho hasta la saciedad, hora es de corregirlo. Ninguno de los grandes países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Reino Unido, lo tienen, por algo será. En un reciente artículo, Carme Chacón nos ilustra de cómo funcionan las cosas en Alemania, por ejemplo, donde los candidatos a diputado son elegidos en primarias (como en el Reino Unido) y los máximos dirigentes de los partidos se responsabilizan directamente de su gestión económica. No es posible seguir aceptando el alibi de que cuando se destapa la financiación ilegal ellos no saben nunca nada y la culpa es del tesorero de turno, que se come el marrón ya que nunca les contó ni ellos quisieron saber.
El sistema elección de los candidatos y la financiación de los partidos son claves para una democracia de calidad. Hasta hace bien poco se permitían en España las donaciones anónimas. Hemos descubierto varias veces que lo que no cubría el anonimato se ocultaba. Ahora el PSOE propone lisa y llanamente la prohibición de las donaciones de empresas a partidos, lo que me parece bien siempre que se pueda controlar lo que pasa por debajo de la alfombra. Y el control, o mejor dicho la falta de control, del Tribunal de Cuentas es inaceptablemente ineficiente. Todavía están por auditar las cuentas del 2008…
También se puede criticar la composición de ese Tribunal. En realidad, como dice el editor de estas páginas digitales, más que una separación de poderes tenemos una separación de funciones porque la composición de los distintos poderes y de sus órganos es decidida por la dirección de los partidos políticos con criterios que no siempre se ajustan a las exigencias del cargo.
La demanda de regeneración va mas allá de los partidos políticos. Afecta a la arquitectura institucional básica del Estado. Es lógico, cuando al mismo tiempo hay una crisis de comportamientos que afecta a la vez a la Zarzuela y a la Moncloa, es decir a la jefatura del Estado y a la del Gobierno. Y cuando en medio de la mayor crisis económica de la democracia parece como si los poderes públicos fueran impotentes para hacerle frente, las soluciones nos vienen dictadas de fuera y parecen ser las mismas gobierne quien gobierne, el sistema financiero no cumple su función y Europa ha dejado de ser la solución para pasar a ser el problema.
Hemos retrocedido a los niveles de renta disponible de hace 10 años, antes de la implantación del euro. Hemos perdido 10 años en términos agregados pero al pasar de una situación de “nuevos ricos” a la de “nuevos pobres”, la distribución de la renta ha empeorado porque los que ya eran ricos se han enriquecido más aun y los que seguían siendo pobres se han empobrecido más todavía. Las clases medias se están fundiendo y el temor al desclasamiento social les impide establecer alianzas políticas con los ya desclasados.
Un año de gobierno del PP, violando todas sus promesas (¿alguna vez se las creyeron?) ha significado un retroceso en las políticas que construyen el futuro y que afectan principalmente a los jóvenes y a las futuras generaciones, desde la educación al medio ambiente, las energías renovables y la investigación. Así hipotecamos nuestra competitividad futura para la que solo nos queda por lo visto el ajuste a la baja de los costes salariales. En estos temas bajamos en todos los ratings de la OCDE y subimos en los que miden la corrupción (somos el 30 país a escala mundial) y la desigualdad (somos el segundo país más desigual de la UE). Los más preparados se van y entre el fin del impulso inmigratorio, de las ayudas a la natalidad y del temor al futuro incierto tenemos asegurada una caída demográfica que hará más inseguras las pensiones de los jóvenes parados de hoy.
Ante este panorama no nos podemos permitir el colapso del sistema político-institucional minado por la desconfianza. Esos problemas no tienen solución sin buenas políticas. Y sin que se asuman responsabilidades políticas que son previas y diferentes a las administrativas y penales. Sabemos que los países que fracasan, o no despegan, es porque no tienen instituciones fuertes, transparentes y responsables. En este sentido, es lamentable que la comparecencia de Draghi en el Congreso sea a puerta cerrada.
La demanda de regeneración está justificada. Esperando que no sirva solo de arma en las batallas intrapartidistas.

¿Qué es verdad y qué es mentira en esta trama pepera?

 

Luis Bárcenas no ha sido despedido del Partido Popular

El ex tesorero, a través de fuentes de su entorno consultadas por eldiario.es, desmiente que haya sido despedido del partido

El PP ha seguido pagando la Seguridad Social como parte de su nónima, no como un acuerdo de indemnización

Desde el entorno de Bárcenas piden al PP que enseñe el supuesto finiquito firmado, si es que existe

 Ignacio Escolar

Ni indemnización ni finiquito. Luis Bárcenas sigue formando parte de la nómina del Partido Popular y no ha sido formalmente despedido, según han confirmado a eldiario.es fuentes muy cercanas al extesorero del PP.

Bárcenas ha continuado cobrando del partido durante los últimos tres años, cuando supuestamente fue apartado de la organización tras ser imputado en la Gürtel en 2009. No recibió un finiquito fraccionado hasta diciembre de 2012, como explicó el Partido Popular al diario El País, que pusiera fin a su relación laboral. Hasta entonces, el partido había seguido pagando la Seguridad Social de Bárcenas, lo que era de dudosa legalidad si de verdad era cierta la versión del PP de que hace tiempo que el extesorero había dejado de trabajar para el partido.

Sin embargo, la información que han facilitado eldiario.es las fuentes cercanas al extesorero es que Bárcenas continúa teniendo una relación laboral con el PP. Esos 400.000 euros que, según el PP, ha cobrado Luis Bárcenas durante los últimos dos años no era un indemnización por despido fraccionada en varios plazos, sino el sueldo de Bárcenas: el mismo salario que hasta entonces había cobrado. En este tiempo, desde que fue imputado en la Gürtel, el extesorero no solo no fue apartado, sino que continuó siendo uno de los empleados mejor pagados de Génova 13. En 2012, cobró más que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, e incluso que el presidente Mariano Rajoy.

Desde el entorno de Bárcenas, piden al PP que enseñe el supuesto finiquito firmado si quieren probar que existe.

 

Rajoy, el Sun Tzu de La Moncloa, lo llama

El arte de no hacer nada

Ignacio Escolar - 13/02/2013 - 

Mariano Rajoy, el Sun Tzu de La Moncloa: " A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión y eso es también una decisión". Habla del rescate a España, pero el presidente aplica esta gran máxima marianista a casi todo. Es su técnica más depurada: fumarse un puro mientras espera que los problemas se arreglen solos. Es lo que hizo durante años con Francisco Camps, con el "funcionario" Jesús Sepúlveda o con las rebeliones de la lideresa Aguirre. Es lo que sigue aplicando con el lehendakari de Madrid, Ignacio González, o con la reina del confeti, Ana Mato, o con el afortunado Carlos Fabra.

El mayor ejemplo de marianismo ilustrado es la propia gestión del caso Bárcenas. Rajoy tomó la decisión de no decidir nada y optó por la vía más fácil: esperar, a ver si escampaba. El PP tardó más de un año en obligar a su extesorero a renunciar a su escaño en el Senado desde que fue imputado. Después se pasó unos cuantos meses pagando a su abogado; habría seguido cubriendo esa factura hasta hoy, de no ser porque El País publicó esa noticia y Rajoy tuvo que decidir algo. Más tarde le mantuvo el despacho, la secretaria, el coche, el escolta... Y el colmo: le pagó una indemnización de 400.000 euros y, de propina, cubrió sus pagos a la Seguridad Social hasta diciembre del año pasado.

¿Por qué razón el PP, un partido saneado y que da beneficios cada año, fragmentó el pago de la indemnización de su extesorero? ¿Bajo qué concepto fiscal cubrió Génova unos pagos a la Seguridad Social por un trabajador que  supuestamente ya no trabajaba? ¿Cómo justificar que Rajoy cobre del PP sin cotizar en la Seguridad Social por el partido y Bárcenas cotice sin estar en nómina?

El Gobierno también supo meses antes de que estallara el escándalo que la justicia había encontrado la cuenta oculta de Bárcenas en Suiza. ¿Qué hizo Rajoy? A juzgar por lo que vino después, nada de nada. Ahora insiste en la misma vía y pide a los suyos que no entren en " juegos ni enredos". Sigue sin pronunciar una palabra que se ha convertido en tabú para el presidente: el nombre de Bárcenas, del que aún no ha dicho nada. Mariano Rajoy lo niega todo e ignora el elefante en la habitaciónn, mientras los suyos le reciben en cada comparecencia pública con aplausos y sonrisas. Es lo mismo que hizo Francisco Camps durante años hasta que acabó enterrado.

Ignacio Escolar es periodista. Es el director de eldiario.es. Fundador y primer director de Público. Autor de escolar.net. Analista político en radio y televisión: en Hoy por Hoy de la Cadena SER o en Las Mañanas de Cuatro. Más en www.escolar.net/about.

Un Papa relajado y sereno tras anunciar su renuncia

«Es necesaria una lectura del espíritu del Concilio Vaticano II», dice Benedicto XVI en su último encuentro con sacerdotes de Roma

Alessandro Speciale - Ciudad del Vaticano  Un Benedicto visiblemente sereno y tranquilo (ahora que el gran peso del papado empieza a quedar atrás) se reunió esta mañana con los párrocos de Roma, para la tradicional cita que da inicio a la Cuaresma y que, este año ha asumido un significado inédito, después del anuncio de la renuncia del lunes pasado.

El Papa, que fue recibido con un caluroso aplauso, indicó que ya no tiene las fuerzas para hacer «un gran discurso», pero demostró su lucidez intelectual durante cuarenta minutos.

Como había hecho ayer durante la audiencia general, el Papa agradeció antes que nada por el apoyo «casi físico» que recibió a través de la fuerza de la oración y, por primera vez, indicó públicamente su voluntad de permanecer alejado de los reflectores después del 28 de febrero, cuando dejará oficialmente el trono de Pedro.

«Aunque ahora me retiro en oración –dijo a los párrocos romanos–, siempre estaré cerca y estoy seguro de que ustedes también estarán cerca de mí, aunque permanezca oculto para el mundo».

Como había anunciado, Benedicto XVI dedicó el encuentro con el clero de Roma a los recuerdos de su experiencia como perito en el Concilio Vaticano II. Comenzó con la siguiente anécdota: cuando le dijeron que se tenía que hablar ante Juan XXIII, tuvo miedo de equivocarse y de haber dicho algo que no estuviera a la altura. En cambio, el Pontífice lo felicitó.
 Roncalli se dirigió al cardenal Frings, a propósito de la exposición del joven teólogo Joseph Ratzinger que usó Frings para una conferencia durante el periodo preconciliar; y Frings, que también tenía miedo de que el Papa lo regañara y que incluso le «quitara la púrpura», se sintió aliviado cuando escuchó el elogio hacia su asistente.
 Después, el Papa volvió sobre la interpretación del Concilio, uno de los temas que han marcado su Pontificado: «El mundo ha percibido el Concilio de los medios, no el de los padres, el de la fe».
 «El desafío –prosiguió– es encontrar en la palabra de Dios una palabra para hoy y para mañana. El Concilio de los periodistas tiene una hermenéutica diferente, política: el Concilio era lucha de poder entre facciones de la Iglesia. Entre los que buscaban la descentralización de la Iglesia, un papel para los laicos y la soberanidad popular, y entre los que insistían sobre el culto y la participación. La banalización del Concilio fue violenta, prevalecía una visión que nació fuera de la fe».
 Una interpretación que ha llevado a la Iglesia a afrontar verdaderas «calamidades»: «Seminarios cerrados, conventos cerrados… El Concilio virtual fue más fuerte que el Concilio real, pero 50 años después, el Concilio verdadero se muestra con fuerza». Por ello, el Papa Ratzinger invitó a los sacerdotes de Roma: «Nuestra tarea en el Año de la Fe es que se lleve a cabo el verdadero Concilio Vaticano II».
 Una de las misiones principales del Concilio, en los recuerdos del Papa, era la de volver a encauzar positivamente la relación entre la Iglesia y la modernidad: «La relación de la Iglesia con la modernidad había empezado de forma equivocada con el caso Galileo, queríamos corregir este comienzo».
 De hecho, añadió, durante esos años, el sentimiento que estaba en el aire era que la Iglesia era una «realidad del pasado y no una realidad portadora de futuro. Nosotros esperábamos, en cambio, que la Iglesia tuviera más fuerza para el mañana».
 Según el Papa Ratzinger, se cristalizaron las posiciones que llevaron a la banalización de la liturgia y a entender la sacralidad como un mero hecho de paganismo. «La traducción y la banalización de la idea del Concilio –explicó– hizo surgir una visión de ese encuentro fuera de la clave de la fe».
Pero esta visión errónea, a 50 años del Concilio, concluyó el Papa, se está «rompiendo», para que surja el «verdadero Concilio».

Más ideas para salvar la democracia

Para gobernar, luz y taquígrafos

Los 'lobbies', además de necesarios, deben ser jurídicamente reconocibles. La Ley de Transparencia se quedará a medio camino si no se mira en el espejo europeo y regula la actividad de los grupos de interés

Joan Navarro / Javier Cremades / Emilio Ontiveros / Jordi Sevilla / Carlos Solchaga 14 FEB 2013

 Decía Truman que una de las principales virtudes de la democracia es que “sus defectos son siempre visibles, pueden señalarse y corregirse”. Harry S. Truman fue un líder criticado, con una popularidad en mínimos históricos y una Administración fuertemente cuestionada por no pocos casos de corrupción. No obstante, en plena crisis de posguerra, Truman y otros líderes democráticos de su época se empeñaron en renovar el contrato social y comprometer una mayor transparencia en la gestión.

El Congreso norteamericano, bajo su mandato, decidió poner coto a los hombres de negocios que, con más o menos frecuencia, acudían al Parlamento a compartir sus puntos de vista sobre una u otra normativa. Para ello, alguien inventó un registro que permitiese contrastar quién representaba qué y cuánto cobraba por ello. Algo aparentemente sencillo, si bien entonces, y aún hoy, revolucionario. Gracias a la Federal Regulation of Lobbying Act (1946), el proceso de representación de los intereses económicos y sociales en los procesos legislativos sería el mismo pero, al menos formalmente, sometido a luz y taquígrafos.
Mucho ha llovido hasta llegar, en feliz expresión de Gutiérrez-Rubí, a nuestra “política vigilada”. “Una sociedad decepcionada, crítica y muy informada” que con el apoyo de tecnologías de la información y una cultura política que, si no mayor, sí al menos está más extendida, exige mayor transparencia y control sobre las instituciones y los responsables públicos. Hoy la legitimidad para gobernar que emana de las urnas se agota con rapidez, no solo cuando la eficacia de las políticas desaparece, sino cuando estas se realizan a la sombra y sin contar con la opinión, cada vez más exigente, de los administrados.

Las 5.496 organizaciones registradas en Bruselas participan abiertamente en el proceso normativo

Con estas exigencias, no es que la corrupción cese pero, al menos, es más difícil de ocultar. Pero si han aumentado las dificultades para ocultar una noticia, también son más complejos los accesos a fuentes de información relevantes y mayor el peso de la economía y los intereses particulares en la conformación del interés general.
Tanto es así que todos nuestros partidos políticos llevan en su cartera de promesas una buena ley de transparencia, sea esto lo que fuere, y así como el Gobierno anterior, tras ocho años, llegó a aprobar un anteproyecto, el actual tramita ya un proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que, como toda norma que se precie, es tanto lo que incorpora como lo que deja fuera, y nada dice de esa actividad tan cotidiana en nuestras democracias como es la representación de intereses.
El Tratado de Lisboa buscó un justo equilibrio entre representación y participación y expone en su artículo 11 que las instituciones comunitarias “establecerán los cauces necesarios” para “mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil”, además de comprometer “amplias consultas con las partes interesadas”.
La Comisión Europea, a través de la Iniciativa por la Transparencia (2006), definió la representación de intereses como “las actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulación de políticas y los procesos de toma de decisiones”, y el Parlamento Europeo considera “un derecho fundamental que los representantes de la sociedad civil y las empresas tengan acceso a las instituciones para trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta”.
Países como Alemania, Francia o Polonia o, fuera de la Unión, Canadá, Taiwán, Israel y, más recientemente, Chile, decidieron incorporar a sus ordenamientos algunas de las medidas aplicadas con éxito en el complicado entramado comunitario, que reconoce que los grupos de interés “desempeñan un papel esencial en el diálogo abierto y pluralista en que se basa un régimen democrático, y constituyen una importante fuente de información para los diputados en el marco del ejercicio de su mandato”. Bruselas presume hoy de un registro voluntario, común al Parlamento y la Comisión, en el que los representantes de intereses económicos y sociales facilitan algunos datos básicos de facturación y se comprometen con el cumplimiento de unas normas de conducta comunes y públicas. Actualmente, 5.496 organizaciones —sindicatos, patronales, ecologistas, organizaciones religiosas u ONG— hacen lobby en la Unión Europea y, gracias a este registro, participan en el proceso normativo de una forma abierta y transparente, pues todos podemos conocer quiénes son, qué intereses defienden y cuánto perciben por ello consultándolo, simplemente, desde nuestro ordenador.
España no puede permitirse el lujo de aplazar medidas que dignifiquen nuestra democracia. El proyecto de ley que tramita el Congreso es la norma adecuada, en el momento justo, para incorporar a la legislación y a las prácticas españolas las mejores experiencias comunitarias, también en materia de grupos de interés. Registro, código de conducta y acceso público a las agendas de los altos cargos son algunas de las propuestas a debate.

El proyecto español no puede dejar fuera la relación entre políticos y administraciones

Pero, además, el Congreso debate si la Ley de Transparencia debe regular no solo Administraciones públicas sino también partidos políticos y sindicatos. ¿Como dejar fuera de esta ley la relación entre Administraciones y políticos y las empresas y organizaciones sociales que legítimamente pretenden participar en la mejora de la legislación y, por tanto, de nuestro ordenamiento jurídico y nuestra convivencia? Es precisamente sobre esta relación sobre la que hay que poner luz. Deben existir más cauces transparentes para, entre otros motivos, reducir los cauces que no lo son, para dificultar en lo posible prácticas tristemente extendidas y que solo pueden realizarse al amparo del anonimato.
Una ley no elimina por sí sola las malas prácticas, pero puede dificultarlas, aumentando los controles e incrementando las sanciones. Además, debe establecer cauces adecuados, públicos y conocidos e impedir que comportamientos legítimos queden bajo la misma sospecha de los que no lo son.
Un grupo de firmas de consultoría y despachos jurídicos, que no representamos intereses, pero trabajamos profesionalmente para quienes legítimamente sí lo hacen, queremos trasladar públicamente al Ministerio de la Presidencia y a los grupos parlamentarios nuestra propuesta de que nuestro ordenamiento jurídico recoja la misma definición que Comisión y Parlamento Europeo hacen de los grupos de interés y su función en la conformación de las políticas públicas, incorporando una mayor transparencia en procesos legislativos y de toma de decisiones.
La Comisión Constitucional del Congreso analiza estos días el texto propuesto por el Gobierno y escucha a representantes de la sociedad civil y expertos en cada una de las áreas que la norma pretende legislar, mejorando su redacción y alcance, incrementando los derechos ciudadanos y buscando un justo equilibrio entre las legítimas aspiraciones de acceso a la información pública y transparencia y las necesidades de protección de datos que las instituciones deben preservar. Previamente, el Gobierno ensayó un novedoso proceso de consulta abierta a todos los ciudadanos, proceso tradicionalmente reservado a los órganos consultivos del Estado. La falta de experiencia y, sobre todo, la falta de cultura política a la hora de “rendir cuentas” de los resultados de la consulta han generado más fustración que apoyo.
Lo podemos hacer mejor y necesitamos hacerlo mejor. Truman supo entender, en momentos tan difíciles o más que los actuales, que la democracia se alimenta de democracia, por lo que su vieja receta, al margen de consideraciones éticas sobre gobernantes y gobernados y en castiza expresión de Antonio Maura, “yo, para gobernar, no necesito más que luz y taquígrafos”, es hoy más necesaria que nunca.

Joan Navarro, Javier Cremades, Emilio Ontiveros, Jordi Sevilla y Carlos Solchaga son miembros del Foro por la Transparencia.

En busca del camino para salir de la penosa situación

Lo más urgente es la ley de partidos

EL PAÍS abre con este artículo el debate sobre las reformas y los pactos necesarios para superar la crisis política e institucional

 José Antonio Gómez Yañez 13 FEB 2013
El editorial de Financial Times del 4 de febrero decía sobre España: “Sus instituciones, desde la Monarquía hasta el Poder Judicial, muestran signos de putrefacción”. Así nos ven. Los casos Bárcenas, Amy Martín-Fundación Ideas, ITV de Oriol Pujol, Palau, ponen al desnudo que los aparatos centrales de los partidos desarrollan tumores sin que sus dirigentes sepan/puedan/quieran controlarlos.
No son casos individuales de alcaldes o concejales que se forran con un plan urbanístico o una licencia; presidentes de diputación o alcaldes que colocan decenas de clientes para garantizarse su apoyo; desaprensivos (Gürtel) o financiación ilegal del partido (Filesa o Naseiro). Son metástasis en las sedes centrales abonadas por el descontrol del dinero, utilizado para “engrasar la maquinaria” o llevárselo. Es la estación término de la política de la Transición que, para estabilizar los partidos, concentró en sus cúpulas los resortes sobre el acceso, ascenso y exclusión de la política. O sea, para incluir y ordenar candidatos en listas electorales, excluir a los disidentes de los órganos del partido —controlando las elecciones internas con listas cerradas para todo—, repartir cargos en las Administraciones y satélites, dilatar el periodo entre sus congresos (cada cuatro años: solo Berlusconi y el Partido Comunista Chino lo superan), escapar al control de sus parlamentos internos (anulándolos en la práctica) y sobre sus cuentas (acerca del Tribunal de Cuentas, EL PAÍS, 11-2-2013, página 13).
El rendimiento de esta política es decreciente. Véase el descenso de la calidad media de los políticos —salvo excepciones—, sus discursos acartonados y la multiplicación de casos de corrupción. La quiebra de las cajas de ahorros, el gasto descontrolado y el crecimiento del personal nombrado discrecionalmente en las Administraciones, la multiplicación de organismos y el ocultismo en las retribuciones de los políticos muestran que esta política está en la raíz de la crisis española. Lo que ahora pasa es que se ahoga en sus propios residuos. Es un fallo institucional que atraviesa a todos los partidos, de ahí la alarma social. Esto pasó en Estados Unidos y en 1902, en Wisconsin, inventaron las elecciones primarias abiertas a los ciudadanos para elegir los candidatos a todo y romper los aparatos y sus corruptelas.
La idea es que la democracia es el mejor desinfectante, y que los partidos son entidades muy importantes cuya actividad debe regularse por ley.
Salgamos de la lamentación y las ideas genéricas. Es urgente hacer una Ley de Partidos que transforme la política española. No será fácil: como escribió García Pelayo, los partidos se resisten a ellas. La correosa renuencia del PP y PSOE a reducir el número de concejales y aclarar sus retribuciones lo demuestra. Tomemos como modelo las leyes de Alemania o Estados Unidos.

El objetivo es que los políticos, dentro del partido, tengan fuentes de poder propias, es decir, que los cargos internos y los candidatos a las elecciones sean elegidos por los afiliados o por los ciudadanos, no designados por el jefe del partido, alcalde o presidente autonómico. Esto introducirá competencia entre los políticos, y la competencia es la única medida preventiva contra la corrupción. No hay otro sistema: ni exigir cualificaciones previas, ni listas abiertas para que los ciudadanos elijan entre quienes propongan los de siempre (como ocurre con el sistema del Senado).
La clave siempre es quién y cómo hace la lista. Eso es lo que hay que cambiar. Esto requiere leyes que regulen la actividad de los partidos, que tienden naturalmente a la oligarquización y a eliminar a los disidentes. Para eso hay que encajar muchas piezas, porque son organizaciones complejas y escurridizas.
La ley debe obligar a los partidos a celebrar congresos bienales (Alemania) o anuales (Reino Unido). En los congresos se elige la dirección del partido. Los manuales de derecho político dicen que la oposición controla al Gobierno. No es verdad, es una visión anticuada, son los parlamentos internos (Junta Directiva en el PP, Comité Federal en el PSOE, Consejo Político en IU, etcétera) los que pueden controlar al Gobierno y a la dirección de la oposición. Cuando se atisba que se van a perder las elecciones, estos órganos son más incisivos que el Legislativo, y las maniobras, más peligrosas (por eso han sido casi anulados en estas décadas, espaciando sus reuniones y multiplicando sus miembros). Por tanto, clave: estos parlamentos internos no deberían tener más de 150 miembros, y sus reuniones, celebrarse cada cuatro meses, con votación secreta sobre la gestión de sus ejecutivas (fundamental). Esto no desestabilizaría a los partidos, los miembros de esos organismos son aguerridos profesionales, pero crearía un mecanismo que debe funcionar cuando sea necesario. Sus sesiones deberían ser públicas, porque un partido no es una asociación privada, los ciudadanos pagan el sueldo de (casi) todos sus miembros y su funcionamiento, y que los partidos insistan en que sean secretas desvela que aquí reside el verdadero control. La composición de los congresos y parlamentos internos ha de ser proporcional al número de afiliados o al número de votos (en la provincia, distrito, etcétera), y no debería haber miembros natos ni designados (en algún partido hay bastantes).
Todos los cargos internos y candidatos a instituciones representativas se deberían elegir por el voto secreto a personas de los afiliados o de los ciudadanos que se registrasen si el partido decide hacer primarias a la americana. Voto a personas, no a listas cerradas, y ordenación en las listas por el orden de votos. El Partido Democrático Italiano aplicó este sistema hace dos meses para elegir a sus candidatos. En Estados Unidos, las primarias las organizan los Estados, no los partidos; habría que copiar la idea y prever que seis semanas antes de las elecciones se celebrasen elecciones a candidatos en todos los partidos, sustituyendo la tenebrosa cooptación actual por una votación transparente. Los partidos no se van a ir de los consejos de las cajas de ahorros, televisiones, órganos consultivos; por tanto, mejor reglar que sus candidatos sean elegidos por los parlamentos internos.
Controlar su financiación. En Austria, si una comisión de expertos en publicidad sospecha que algún partido pasa los límites de gasto en una campaña electoral, abre una inspección. Son precisas auditorías externas anuales (censores de cuentas elegidos aleatoriamente), limitar el mandato de los tesoreros a cuatro años e interventores internos. El Tribunal de Cuentas es una entelequia para controlar las cuentas de los partidos, mejor pasar a un sistema de auditoría externa.

Habría que utilizar la Ley de Partidos para sacar la política de la justicia y a los jueces de la política. Abochorna que en altos tribunales el voto de sus miembros responda a la conveniencia del partido que los promocionó. Al Tribunal Supremo deberían acceder solo miembros de la carrera judicial por méritos en ella. Se debe eliminar el turno para los que no son miembros de esta carrera: no es presentable que cuando van a llover demandas contra la banca acceda al Supremo el director jurídico de La Caixa. Debe desaparecer el tercio de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia regionales elegido por el CGPJ a propuesta de las Asambleas de las comunidades. La incompatibilidad del personal de la judicatura con la política ha de ser tan estricta como para los militares. Es un sarcasmo que los jueces no puedan afiliarse a un partido, pero sí ser secretario de Estado, portavoz parlamentario o asistir a sus ejecutivas y volver a la justicia cuando acaba la experiencia. La justicia es como la mujer de César.
Hay que hacer muchas más cosas. Revisar el sistema de elección de los diputados nacionales, regionales y concejales. Reducir el número de políticos. Una Ley de la Función Política que aclare retribuciones, incompatibilidades, desempleo, estatuto de los asesores. Separar la política de la carrera de los funcionarios, mejorar la elección de los órganos constitucionales (CGPJ, Tribunales Constitucional, de Cuentas...) y reguladores para hacerlos independientes. Pero lo urgente es la Ley de Partidos, para drenar esta basura hasta un nivel soportable. Este es el paso vital para salir de la crisis. Esta política nos asfixia.

José Antonio Gómez Yáñez. Instituto de Política y Gobernanza. Universidad Carlos III.

Humor y humores

Nos roban, envenenan y engañan: ¡Gracias libre mercado!

Consumo: graves signos de alerta

Tenía que llegar. El “libre mercado” -reducido a la libertad de que unos cuantos logren desmesurados beneficios sin mayores miramientos- ha llegado al consumo. El escándalo de la carne de caballo camuflada como de vacuno crece. Son ya varios los países afectados. La investigación francesa sitúa el origen en Rumania tras pasar por comerciantes en Chipre y Holanda antes de ser adquirida por una empresa del sur de Francia y elaborada por otra en Luxemburgo. Caballos viajeros. Pero no debe ser único el origen dado que también se han encontrado trazas en hamburguesas o lasañas españolas. Si la crianza de los caballos es mucho más costosa que la de las vacas o bueyes ¿qué ejemplares han embutido en nuestros alimentos?
Quizás guarde alguna relación con este otro fraude que investiga el SEPRONA: la utilización de perros enfermos e incluso ya muertos para la elaboración de pienso. En concreto, el Servicio de Protección de la Naturaleza sospecha del posible uso de restos de perros y ovejas en varias plantas clandestinas de Galicia y una empresa de transformación de productos cárnicos de Salamanca. Dicen que seguirán indagando conforme lleguen más peticiones. Expertos alertan desde luego del “riesgo que supondría “para toda la cadena alimentaria”, equiparable, de confirmarse, a la crisis de las ‘vacas locas’, según declara a El Mundo la responsable de la unidad especializada de biología molecular de Anfaco,
Y no acaba ahí. La Comisión Europea ha autorizado, a partir de Junio, el uso de pienso que contengan proteínas de pollo y cerdo para alimentar en este caso a los peces. Cuando lo comenté en las Redes Sociales me dijeron que es una medida muy positiva y largamente esperada porque abarata costes. Los peces engordan el doble en la mitad de tiempo y los empresarios dicen que no tiene riesgo alguno para la salud. La UE ha pensado lo mismo. Pero ¿qué queréis que os diga? yo prefiero elaborarme mi propio menú a que me venga completo en un lenguado por ejemplo. Pescado, pollo y cerdo, todo en un bocado.
Caballos de muy dudosa procedencia para que resulten más baratos que la cría de ganado vacuno. Cadáveres de perros para piensos que no sabemos a quiénes van dirigidos. Y hasta, de nuevo, para “productos cárnicos”. Esto en “sospecha”. Y finalmente mezcla artificial de pescado, pollo y cerdo. ¿Seguro que esto es sano? ¿Seguro que todo vale para ganar dinero? ¿Seguro que estas autoridades tan entusiastas del libre mercado velan por nuestros intereses? Ofrece esta gente tanta confianza que igual no podemos ni comer tranquilos. Y lo que no sabremos.